Mientras algunas empresas ya están convirtiendo las aguas residuales urbanas por medio de depuradoras en avanzadas biofactorías para obtener recursos y energía, España afronta una millonaria multa europea por su deficiente gestión. Te contamos todo sobre las sanciones y el plan del gobierno para cumplir con la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico habilitará “a lo largo de este año” una segunda partida de 200 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para acometer inversiones en saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas de menos de 5.000 habitantes con procedimientos de infracción o no conformes con la Directiva Europea y que no estén declaradas de interés general del Estado.
El Gobierno busca seguir avanzando en la mejora de saneamiento y depuración de estos pequeños y medianos municipios para que cumplan con la Directiva Europea de tratamiento de aguas residuales.
“Uno de los hitos de los próximos planes hidrológicos para el periodo 2022-2027 es lograr el cien por cien de aglomeraciones urbanas con una depuración adecuada del agua”, señala el Ministerio. Para ello, el Gobierno contempla los programas de medidas de los planes hidrológicos de las cuencas que en total suman más de 7.000 millones de euros. De estos, 2.800 serán asumidos por la Administración General del Estado, para la ejecución de aquellas actuaciones que han sido declaradas de interés general del Estado.
Sanciones a España
A lo largo de 2022 la Comisión Europea acreditará que la depuradora de Gijón-Este cumple la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, una vez que ha entrado en funcionamiento la depuradora de esa aglomeración urbana y hay muestras representativas de que el efluente cumple la normativa comunitaria.
El pasado mes de julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en julio de 2018 al Reino de España (sentencia C-205/17) a abonar a la Comisión Europea una suma a tanto alzado y una multa coercitiva por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia C-343/10 de abril de 2011 (por incumplimiento de nueve aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 h-e que vierten sus aguas a zonas normales).
En la actualidad, el Gobierno está acreditado por la Comisión Europea el cumplimiento de tres de las nueve aglomeraciones que incumplían el procedimiento de ‘zonas normales’ (Tarifa, Coín y Nerja).
Son en total seis aglomeraciones urbanas están incluidas en la multa a España, cuatro en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina y Matalascañas), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar).
Especialistas en estaciones de tratamiento de agua
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